Guillermo Crampet | Valor Agro
La discusión sobre el futuro sanitario de Paraguay frente a la fiebre aftosa no puede limitarse a una pregunta técnica: si el país puede o no avanzar hacia un nuevo estatus. La pregunta de fondo es más incómoda: ¿está preparado económica, institucional y operativamente para sostener las consecuencias de ese cambio?
El caso de Alemania debería ser un llamado de atención. En enero de 2025, el país europeo notificó un brote de fiebre aftosa en Brandeburgo, en un pequeño grupo de búfalos de agua. Inicialmente murieron tres animales. No fue un brote masivo, ni una crisis sanitaria extendida. Fue un caso puntual, detectado y atendido con rapidez. La Comisión Europea informó que el establecimiento tenía 14 búfalos de agua y que Alemania notificó el foco el 10 de enero de 2025.
Aún así, el impacto económico fue enorme. Las pérdidas estimadas por el sector agroalimentario alemán se ubicaron en torno a US$ 1.000 millones, principalmente por restricciones comerciales, cierres preventivos y vetos de mercados internacionales. Reuters informó que países como Reino Unido, Corea del Sur y México aplicaron restricciones a productos alemanes tras la detección del brote.
Ese es el punto central: en fiebre aftosa, el daño no se mide solo por el número de animales positivos. Se mide por la confianza que se pierde, por los certificados que se suspenden, por los mercados que se cierran, por el precio que se resiente y por la presión que cae sobre productores, industrias y el propio Estado.
Alemania tenía una estructura preparada. Contaba con fondos públicos de sanidad animal, mecanismos de compensación, capacidad técnica, respaldo federal y apoyo de la Unión Europea. Sin embargo, aun con esa institucionalidad, el golpe económico superó la capacidad de respuesta.
La advertencia no termina en Alemania. En 2026, China también reportó casos de fiebre aftosa en el noroeste del país, en Gansu y Xinjiang, con 219 bovinos afectados dentro de dos rodeos que reunían más de 6.200 animales susceptibles. Las autoridades chinas respondieron con sacrificios, desinfección, refuerzo de controles fronterizos y aceleración de vacunas.
El caso chino agrega otra dimensión al análisis, acá se muestra el riesgo de escala: cuando una enfermedad altamente contagiosa amenaza a una potencia productiva y consumidora, el impacto potencial ya no se mide solamente en el costo de un operativo sanitario, sino en la posibilidad de alterar precios, flujos comerciales y abastecimiento mundial de carne y leche.
Entonces la pregunta para Paraguay cae por su propio peso: si Alemania, con su organización, su presupuesto y su respaldo europeo, enfrentó un impacto de esa magnitud por un foco reducido, ¿qué pasaría en Paraguay ante un evento sanitario que obligue a aplicar rifle sanitario, indemnizar productores, restringir movimientos, sostener mercados y negociar re aperturas?
El sector primario no está pidiendo inmovilismo. Está pidiendo garantías. Está pidiendo previsibilidad. Está pidiendo que el país no confunda aspiración sanitaria con preparación real. Por eso, el planteo de mantener la vacunación plena durante 2027 y 2028 debe leerse como una demanda de responsabilidad, no como una negativa al avance.
Y en ese punto aparece una señal preocupante desde el funcionamiento cotidiano del propio sistema. Según información recogida en el sector veterinario, el área encargada de aprobar importaciones de productos veterinarios funcionaba con tres personas, una de ellas de mayor experiencia. Esa persona se jubiló y no fue reemplazada. Desde entonces, las aprobaciones comenzaron a registrar demoras que en algunos casos superan los diez días.
La situación fue advertida por la Cámara de Especialidades Veterinarias del Paraguay (CEVEPA), que consultó al Senacsa. La respuesta habría sido que no había suficiente personal ni presupuesto para incorporar un reemplazo. Incluso se habría planteado la posibilidad de que el sector privado colabore con una persona para ayudar a revisar documentaciones y agilizar los trámites.
Ese episodio administrativo puede parecer menor, pero no lo es dentro de esta discusión. Si el servicio oficial tiene dificultades para reemplazar a una persona clave en un área sensible de aprobaciones veterinarias, corresponde preguntarse si están dadas todas las condiciones para asumir un cambio sanitario que, en caso de crisis, exigiría una respuesta mucho más compleja, costosa y urgente.
Paraguay ha construido durante años un activo sanitario valioso. Ese activo sostiene el acceso a mercados, la confianza internacional y buena parte del negocio ganadero. Justamente por eso no puede exponerse a decisiones apresuradas.
La vacunación plena, en el escenario actual, sigue siendo una herramienta de previsibilidad. Puede que en el futuro Paraguay esté en condiciones de avanzar hacia otro esquema, pero ese futuro exige fondos, leyes, personal, protocolos, trazabilidad, simulacros, capacidad de indemnización y una respuesta estatal sólida.
Alemania mostró que un caso mínimo puede generar un impacto económico gigantesco, sin olvidar que en Sudamérica son varios los que tienen el recuerdo reciente de lo que implicó un brote de aftosa en nuestras tierras. Está claro que la aftosa no perdona improvisaciones, y los mercados tampoco.
Entonces, antes de cambiar el estatus, Paraguay debe responder una pregunta sencilla: ¿quién paga la cuenta si algo sale mal?
