Valor Agro Argentina.- El gobierno nacional culminó el proceso de adjudicación por licitación de la concesión para la Hidrovía, otorgándosela a la empresa belga Jan De Nul, que se asoció con la argentina Servimagnus
El cierre del proceso licitatorio se realizó a través de la resolución 36-2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Desde la cartera emitieron un comunicado en el que señalaron que “Con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora, el gobierno nacional del presidente Milei completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, que impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, hecho histórico para el sector privado del país”
En tanto, en otro comunicado, las adjudicatarias destacaron que conformarán Vía Navegable Argentina, la sociedad que tendrá a su cargo el desarrollo de este proyecto y que, destacaron, generará trabajo genuino y de calidad de manera directa e indirecta para más de 600 familias.
El contrato, cuya firma está prevista para dentro de un máximo de 30 días, contempla una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y servirá como punto de partida para “una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
Según el comunicado oficial, “las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”.
El proceso licitatorio sumó el respaldo de usuarios privados, como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, junto con el aval de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
