La ley de deforestación que impulsó la Unión Europea quedó sin efecto, por el momento. El Parlamento Europeo decidió postergar el inicio de la normativa 1115 por un año.
Con 370 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, el parlamento dejó firme la decisión de que la medida pase para el 30 de diciembre de 2025. Cabe destacar que la normativa original tenía como fecha el 30 de diciembre de 2024.
Esta normativa establece que los productos alimenticios que compre la Unión Europea no pueden provenir de tierras que fueron deforestadas después de 2020. Entre los productos que afectan a la Argentina están la carne bovina, la soja, entre otros.
La aplicación de la ley europea de deforestación, que busca cerrar el mercado a productos procedentes de tierra deforestada, debe retrasarse un año para permitir a las empresas adaptarse.
“El pleno respaldó posponerla y añadió varias enmiendas al texto”, informó el Parlamento Europeo. Los grandes operadores tendrán que respetar la normativa a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2026.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “Celebramos la decisión de la Unión Europea”. En este sentido, agregó que desde hace dos años trabajan arduamente y hoy ven que se logró un avance que parecía imposible.
Ley antideforestación. La nueva propuesta invita a un nuevo debate con los Estados involucrados. Al mismo tiempo, sumó algunas modificaciones como la creación de una nueva categoría de países “sin riesgo” para la deforestación.
Esta etiqueta se sumó a las tres existentes de riesgo “bajo”, “estándar” y “alto”. “Los países clasificados como “sin riesgo”, definidos por un desarrollo estable o creciente de zonas forestales, se enfrentarían a requisitos mucho menos estrictos, al considerar que presentan un riesgo insignificante o inexistente de deforestación”, sostuvo el parlamento.
Por su parte, Pino destacó que el desafío será recorrer el mismo camino para lograr que nunca se implemente este tipo de normativas que implican una invasión sobre la soberanía nacional. “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión, con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”, agregó.
Hacia los próximos pasos, la Comisión tendrá que finalizar un sistema de evaluación comparativa por país antes del 30 de junio de 2025. También se devolvió el texto a la comisión de Medioambiente para que se reabran las negociaciones.